Juntas de Vigilancia Rural en la Araucanía: Paramilitarismo Ad Portas

(08/09/2012) El Ministerio del Interior, a través de la  Intendencia de la IX Región y su Oficina de Coordinación de Seguridad Pública, ha abierto una licitación pública convocada para “formación, capacitación y entrenamiento de personal de Juntas de Vigilancia Rural” para “apoyar Labor Policial Preventiva” en 22 de las 32 comunas de la región. La fecha de cierre de la recepción de las ofertas es el próximo día 13 a las 12:00 horas. La ficha de la licitación es la  Nº 1589-30-L112 y lleva por título “Capacitación a Juntas de Vigilancia Rural”. Dicha licitación debiera ser motivo para instalar en el debate público nacional el tema del serio riesgo de institucionalizar el paramilitarismo en la región de La Araucanía con financiamiento, asesoría, apoyo logístico y entrenamiento del Estado. Poner a civiles como auxiliares de la fuerza pública, implica admitir que ésta ha sido superada en su deber constitucional de resguardar el orden público.

Por Juan Jorge Faúndez

Fuente: Red Diario Digital

En efecto, establece la Constitución de la República en su artículo primero párrafo 4º: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.” La carta es meridianamente clara: “Es deber del Estado”. No de milicias privadas.

El pasado día 4 de septiembre, Joel Ovalle Durán, presidente y vocero de la Junta de Vigilancia Rural Alboyanco de la comuna de Ercilla, dijo a ADN Radio que:

“las cosas no están marchando bien aquí en la Novena Región. Algo está pasando que no están trabajando coordinadamente. Va a haber que replantearse de nuevo la seguridad que la autoridad está dando (…) mañana empezaremos con otros planteamientos, porque las cosas no se están dando como tienen que darse. Sino yo le voy a poner los balazos, no me queda de otra, Yo ya lo dije, yo los estoy esperando, ahí les mando el mensaje, no me importa que muera, pero más de alguno se va a ir conmigo”.

Ovalle Durán hizo las declaraciones en el contexto del homicidio, el sábado pasado, a manos de tres asaltantes que cubrían sus rostros con pañuelos, del agricultor y candidato a concejal por el Partido Socialista Héctor Gallardo Aillapán, de 45 años, en un predio del sector de San Ramón en Ercilla.

Por el asesinato hay presos e imputados tres jóvenes de la comunidad Wente Wilkun Mapu, quienes se entregaron voluntariamente y alegan inocencia, aunque testigos aseguran haberlos reconocido. Habrá que esperar el resultado de la investigación. Ya se han experimentado vuelcos insospechados en estos casos. Pero parecen indicar que hay una espiral de violencia in crescendo.

Ya que se ha abierto una licitación para su “formación, capacitación y entrenamiento”, cabe preguntarse si las Juntas de Vigilancia Rural dependen de la Intendencia de la Novena Región, y por ende del Ministerio del Interior. Y cuál es su estatus jurídico.De partida, se las considera como un factor estratégico en el programa de mejoramiento de la gestión (PMG) territorial de la Intendencia de la Novena Región.

El hecho de que un entrevistado por un medio local haya dicho que se requieren 15 personas para formarlas y que en varias noticias aparezcan involucrados funcionarios municipales encargados de organizaciones comunitarias, parece indicar que se trata de organizaciones comunitarias funcionales. En efecto, la Ley Nº19.418 de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias en su artículo 2º letra d) dice que se entenderá por “d) Organización comunitaria funcional:  Aquella con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tenga por objeto representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectiva.” Y en su artículo Nº46: “El número mínimo de personas necesario para constituir una organización comunitaria funcional será de quince en las zonas urbanas y de diez en las zonas rurales…”

En los considerandos de la licitación se cita la Resolución Exenta Nº3.384, de 26 de noviembre del año 2011, que aprueba un convenio de subvención “para financiar recursos de ‘Capacitación y adquisición de equipamiento para Juntas de Vigilancia Rural para apoyar Labores Policiales’ ”. ¿Con quién o qué suscribió ese convenio la Intendencia? A juzgar por el “Plan Chile Seguro” sería con los municipios que han acreditado la personería jurídica a las Juntas de Vigilancia Rural.

En efecto, dice el citado plan: “También cimentaremos una alianza con municipios y corporaciones sin fines de lucro que tienen objetivos coincidentes con nuestro Plan de Seguridad Pública. Como se describe en este documento, estableceremos convenios de colaboración para que bajo esquemas concursables, y con resguardo de la debida transparencia y rendición de cuentas, sea posible traspasar a dichas entidades recursos públicos y buenas prácticas a fin de sumarlas más eficazmente en el logro de las metas que nos hemos propuesto…” Es decir, el flujo financiero es: de todos los que pagamos impuestos… al Fisco, y de éste, vía Intendencias, a Municipios y de estos a las Juntas de Vigilancia Rural.

Y otra pregunta relevante: ¿Qué significa “equipamiento”? ¿Tal vez un arsenal militar con fusiles M-16 y lanzacohetes Low como los encontrados en la casa del agricultor Jorge Temer San Martín, quien fue formalizado en el Tribunal de Garantía de Victoria por amenazas de muerte y porte ilegal de arma de fuego, y a quien el juez dejó en libertad sólo con firma mensual y ni por asomo se le aplicó la Ley Antiterrorista?

Sería conveniente que el ministerio del Interior precisara el alcance de la expresión “equipamiento”. Porque se se trata de auxiliares de la labor policial y con el propósito de “combatir la delincuencia”, según ha declarado el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Ricardo Figueroa, las armas de fuego parecerían necesarias.

Además, en los requisitos de la licitación, se pide que el capacitador sea oficial superior en retiro de Carabineros o Investigaciones, con curso de asesor en seguridad privada y que haya alcanzado el cargo “de Prefecto de cierta Repartición de alguna Institución Policial”. Es decir, se está solicitando la postulación de un coronel en retiro de carabineros, o grado superior que haya estado a cargo de una prefectura, porque es Carabineros, y no la PDI, la institución que está a cargo de asesorar y coordinar a las juntas de vigilancia rural.

El pasado 28, el periódico electrónico regional La Opiñón (http://www.laopinon.cl) informó que la Subsecretaría de Prevención del Delito, entregó recursos para la compra e instalación de equipos de radiocomunicación a la a junta de vigilancia rural Alboyanco, que lidera Ovalle. “Hace un mes le fuimos a solicitar la ayuda al Ministro Hinzpeter y ahora podemos ver cómo los problemas se están solucionando. Hoy nos entregaron este cheque que nos ayudara en las comunicaciones, porque este sector está muy aislado”, dijo Joel Ovalle a La Opiñón.

La entrega del cheque estuvo a cargo del subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, y del intendente de La Araucanía, Andrés Molina.El aporte para financiar el proyecto “Radiocomunicación para la Seguridad y Coordinación Regional” fue de $17.255.000.- El sector Alboyanco pertenece a la comuna de Angol, pero la extensión del proyecto de radiocomunicación abarcará las comunas de Ercilla, Los Sauces y Collipulli. Para equipos de comunicaciones y antenas repetidoras para juntas de vigilancia rural en la comuna de Cholchol se entregaron nueve millones de pesos.

Con ocasión de un aporte de capas de agua de Forestal Mininco a las 16 Juntas de Vigilancia Rural de la comuna de Nueva Imperial, el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Ricardo Figueroa, junto con valorar el aporte de dicha empresa privada, entregó mayor información sobre este tipo de organizaciones. Explicó que “las juntas de vigilancia son organizaciones que funcionan en determinados sectores de La Araucanía y que se dedican a combatir la delincuencia. En Nueva Imperial están especializadas en abigeato y han tenido una muy buena coordinación con Carabineros. Este aporte de Mininco no sólo hay que mirarlo desde el punto de vista económico sino en el gran efecto social que provoca”.

De estas palabras, queda claro que (1) las juntas de vigilancia rural no funcionan en toda la región sino “en determinados sectores”; que (2) su función no es sólo la prevención del delito sino también el combate: “se dedican a combatir la delincuencia”, y que (3) tienen especialización según la zona en que se despliegan:

“En Nueva Imperial están especializadas en abigeato”. Ello implica que en otros territorios, como los de la Junta Rural de Vigilancia de Joel Ovalle Durán y el sector estratégico de las comunas de Ercilla, Los Sauces y Collipulli, la especialidad podría ser la autodefensa en relación con las reclamaciones de tierras ancestrales en predios que actualmente están en manos de particulares, el llamado “conflicto mapuche”.

Sería interesante conocer estadísticas sobre delincuencia común y cuatrerismo en las zonas rurales de La Araucanía. Porque si ello no fuera tan grave, es posible que el combate al abigeato sea la cobertura para dar una institucionalidad legal a estas juntas que están siendo organizadas con apoyo y coordinación de la subsecretaria nacional de Prevención del Delito, de la subsecretaría regional de Seguridad Pública, de la Intendencia, 22 municipios y el Cuerpo de Carabineros.

Esta institución ha creado unidades especiales como la Patrulla Comunitaria de la Quinta Comisaría de Lautaro, o la patrulla encargada de las Juntas de Vigilancia Rural de la Octava Comisaria de Temuco, entre otras. Y todo ello al amparo publicitario del llamado Plan Araucanía y del Plan Chile Seguro. Pero, revisado este último, está enfocado a las áreas urbanas, y en ninguna estrategia aparecen la Juntas de Vigilancia Rural. Tampoco aparece el tema seguridad ni menos estas Juntas de Vigilancia Rural en las 45 páginas del Plan Araucanía.

El pasado sábado 5 de mayo, Carabineros de la Tenencia de Renaico en una ceremonia procedió a hacer entrega de credenciales a los integrantes de la creada (hace cerca de un año) Junta de Vigilancia Rural del sector “El Almendro” de esa comuna.La Junta está compuesta por 23 personas que trabajarán con la policía uniformada en la prevención de todo tipo de delitos, según se informó en dicho acto.Además de la credencial las autoridades les entregaron un traje y capa de agua y ocho linternas recargables, donados por la Subsecretaría Regional de Prevención del Delito en el Plan Araucanía.

En la primera quincena de agosto, en las comunidades Marileo y Coihueco,se realizó la constitución legal de las primeras dos juntas de vigilancia rural de la comuna de Lautaro. El encargado del Programa de Seguridad Ciudadana, Pablo Torres, explicó que a través de estas juntas, se busca entregar a sus integrantes el equipamiento necesario para que los propios vecinos se organicen para efectuar rondas de vigilancia en sus predios y cuenten además en todo momento con comunicación por radio directa con Carabineros.

A propósito de “rondas de vigilancia” es inevitable que la memoria evoque a los Comités de Autodefensa peruanos, cuyos miembros se hacían llamar ronderos, creados para actuar contra el grupo maoísta Sendero Luminoso y contra el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. La orgánica de aquella organización paramilitar fue regulada por el Decreto Ley 741, dictado por Alberto Fujimori.

El Sábado 25 de Agosto se realizó el 4º Seminario de Juntas de Vigilancias Rurales Gorbea 2012, en el cual participaron la totalidad de los Comités de Seguridad Rural de la Comuna de Gorbea, y dirigentes de Juntas de Vigilancia de la Región de La Araucanía. Se contó con la asistencia de autoridades nacionales, regionales y locales, como el Subsecretario Prevención del Delito Cristobal Lira Ibañez, el Intendente Andres Molina, y el Alcalde Guido Siegmund Gonzalez.

El Seminario fue un punto de encuentro para dirigentes, socios y autoridades, “en el cual se presentaron temas como prevención del delito de Abigeato y otros de interés para los comités”. La clave está en los “otros” temas de interés para los comités. ¿Cuáles fueron? Este Seminario fue organizado por Carabineros de la 5º Comisaria de Pitrufquen y la Municipalidad de Gorbea, a través del Programa Seguridad Ciudadana.

El 2º Seminario de Juntas de Vigilancia Rural se realizó en mayo pasado en Temuco en dependencias de la Escuela de Formación de Carabineros “Grupo Temuco” y fue finalizado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter y el General Director de Carabineros de Chile, Gustavo González Jure, quienes hicieron entrega de diplomas a los asistentes del seminario.

La real Academia Española de la Lengua (RAE) entrega la siguiente definición: “Paramilitar.(De para- y militar).1. adj. Dicho de una organización civil: Con estructura o disciplina de tipo militar.” ¿Para allá vamos, o las Juntas de Vigilancia Rural ya lo son?

About these ads
Galería | Esta entrada fue publicada en Prensa y etiquetada . Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s